Llegó la hora de la verdad para la nueva ley de inmigración de Arizona y los que están en la primera línea de esta batalla se preparan, llenos de ansiedad, para hacer frente a su nueva realidad.
Un grupo de subcomisarios se reunieron hace unos días en esta ciudad en medio del desierto para observar una lección en video acerca de los intrincados detalles de su nueva misión: detener a los inmigrantes indocumentados mientras, al mismo tiempo, sancionan infracciones rutinarias de tránsito.
A unos 80 kilómetros de Phonenix, un grupo de fieles ingresó a la Iglesia Católica de St. Margaret para mirar representaciones en español que dramatizaban la forma de eludir preguntas de la policía sobre su situación migratoria. Uno de los consejos que recibieron fue entregar a alguien un poder en caso de que sean separados de sus hijos.
En medio de las pasiones que genera la inmigración ilegal en Estados Unidos, esta clase de encuentros está llevando un tema que para muchos sigue siendo teórico a un plano visceral.
La ley de Arizona hace que residir en forma ilegal sea un delito en el estado. Obliga a la policía que detiene a personas por asuntos de rutina, como pasarse una luz roja, a revisar su estatus inmigratorio siempre y cuando tenga una "sospecha razonable" que no tienen documentos. Si no pueden probar su residencia legal, la policía los puede detener hasta que su situación se aclare.
La medida ha sido respaldada en sondeos públicos en el estado de Arizona, pero atacada por el gobierno del presidente Barack Obama y el Departamento de Justicia de EE.UU. interpuso una demanda en la que sostiene que la norma le roba la autoridad al gobierno federal sobre la materia. A menos que un juez federal emita una orden de no innovar, la ley entrará en vigor el jueves.
Ambas partes están recomendando mantenerse en calma.
"No teman ni eludan hacer cumplir la ley", dijo el sheriff del Condado de Pinal, Paul Babeu, a los subcomisarios reunidos cerca de su oficina. "Ahora que esta es la política, tenemos que hacerlo".
El mensaje desde el otro lado es parecido. "No debemos entrar en pánico", aconsejó la asesora Janette Leal al grupo de indocumentados en la iglesia de St. Margaret. "Al mismo tiempo, no podemos pretender que no pasa nada. Tenemos que planificar para lo peor".
Algunos lo están haciendo. Miles de familias de inmigrantes ilegales se han mudado a otros estados. La iglesia de St. Margaret, por ejemplo, ha perdido cerca de 20% de sus feligreses en los últimos meses. Treinta de las 120 unidades del complejo de departamentos Park Village Apartments, en Mesa, han quedado vacantes desde que el estado aprobara la ley, a fines de abril.
Muchos hispanos que son residentes legales o ciudadanos de EE.UU. no esconden su preocupación. "Esta ley abre la puerta para que personas como yo sean hostigadas", manifestó Miguel Gómez Acosta, un pastor luterano de 32 años que ha vivido en EE.UU. desde los ocho años y que se nacionalizó. "Siento la necesidad de llevar mi pasaporte estadounidense para probar mi ciudadanía".
Anna Torres, una residente de Mesa indocumentada, estaba vendiendo algunas cosas de su vivienda antes de hacer las maletas y trasladarse a Nuevo México. "He vivido aquí durante 18 años y nunca he visto nada como esto. Nos están cazando", señaló.
Los partidarios de la ley de inmigración niegan estas acusaciones. La ley "no es racista, es necesaria", dijo Kelly Townsend, presidenta del Partido del Té del área de Phoenix. "No podemos seguir financiando en nuestro estado a personas que no son ciudadanos. Ese es dinero que debería ser para balancear nuestro presupuesto".
La ley prohíbe el uso de raza, color u origen nacional como base para verificar la situación migratoria de un individuo. El video que observaron los policías repetía incesantemente que no se podía utilizar el color de la piel o el acento de una persona para justificar su arresto.
Algunos policías encontraron que la recomendación equivalía a un insulto. "Es denigrante. Todos sabemos que usar el perfil racial es un error. Aprendimos eso en el primer día en la academia", indicó el sargento Hunter Rankin. "La policía de Arizona está siendo arrastrada a una gigantesca batalla política".
Los oficiales tienen que hacer distinciones sutiles. "Sólo porque alguien no habla inglés no significa que haya que arrestarlo", les dijo a sus subordinados el sheriff Babeu. "Pueden tener una visa de estudiante o un permiso de trabajo".
Al mismo tiempo, la ley permite a la policía tomar en cuenta una combinación de factores como las dificultades de una persona para hablar inglés, si parece excesivamente nerviosa o si viaja en un vehículo lleno de pasajeros a la hora de determinar si hay una sospecha razonable de que está en el país sin documentos.
"La ley confunde a equipos enteros de abogados", dijo Frank Milstead, jefe de policía de la ciudad de Mesa. "¿Qué cree que les hace a los oficiales? Facilita el que cometan errores".
Eso es, precisamente, lo que temen los inmigrantes. En un pequeño escenario en la iglesia de St. Margaret, los feligreses protagonizaron un sketch donde muestran cómo interactuar con la policía. En una versión, una conductora detenida por la policía reconoce su condición de indocumentada. Sus hijos que viajan en los asientos traseros del auto confirman que su madre es de México. Ella es detenida y los niños se quedan llorando en forma descontrolada.
En la segunda versión, en lugar de admitir su estatus de ilegal, la conductora trata de apaciguar al policía diciéndole que había cometido una infracción y que aceptaría el parte. Los niños no responden la pregunta sobre el país de origen de su madre. El policía le da un parte y la deja ir.
La moraleja es que "no hay que mentirle al policía. Hay que razonar con él. Negociar con él", dijo Blanca Hidalgo, quien fue capacitada para encabezar la sesión. "No le den a la policía un motivo para detenerlos. Arreglen las luces traseras y los limpiaparabrisas", manifestó.
Sentado en primera fila, Ariel Domínguez, quien trabaja en el mantenimiento de una cancha de golf, resumió el sentimiento de muchos de que los que asistieron al taller de la iglesia de St. Margaret."Estamos desesperados", señaló.
¿Por qué se quedan? "Tenemos una vida acá. Tenemos buenos empleos", explicó Domínguez, cuya esposa trabaja en un restaurante de mariscos.
Un paquete de información que Hidalgo distribuye a los feligreses aconseja a las familias indocumentadas a nombrar a un ciudadano estadounidense o residente permanente de confianza para encargarse de sus hijos y sus asuntos personales en caso de que sean detenidos. El paquete incluye un formulario que otorga poder de representación de una persona menor de edad.
El dossier de Cristina y José Sánchez ya está terminado. Incluye copias de los certificados de nacimiento de sus tres hijas nacidas en EE.UU., sus números de Seguro Social y los registros de vacunación, la licencia de matrimonio de la pareja del Condado de Maricopa; sus números de identificación de contribuyente emitido por el Servicio de Rentas Internas y las declaraciones de impuestos durante varios años.
Un sobre pequeño contiene la tarjeta de negocios de su abogado. En el estado de cuenta bancaria de la pareja, la señora Sánchez escribió la contraseña para acceder a la cuenta.
"Esta es la vida que construimos aquí, poco a poco", dijo la señora Sánchez, agarrando la carpeta llena de papeles. Dos amigos que son ciudadanos estadounidenses, Karina y Michael Rodríguez, mantendrán una copia de los documentos, que nombra a los dos como responsables de sus hijos si son arrestados.
Del lado de la policía, Milstead, el jefe de policía de Mesa, dice que una de sus mayores preocupaciones es que un inmigrante indocumentado detenido por una infracción menor, en un intento desesperado por evitar el arresto, pueda "huir, luchar" o incluso "matar a un oficial de policía."
También teme que los residentes indocumentados se abstengan de denunciar delitos por temor a que puedan ser deportados, lo que compromete la seguridad de la comunidad.
Algunos oficiales se preocupan de que puedan ser demandados por discriminación racial o, alternativamente, por el supuesto incumplimiento de la ley.
Un grupo de subcomisarios se reunieron hace unos días en esta ciudad en medio del desierto para observar una lección en video acerca de los intrincados detalles de su nueva misión: detener a los inmigrantes indocumentados mientras, al mismo tiempo, sancionan infracciones rutinarias de tránsito.
A unos 80 kilómetros de Phonenix, un grupo de fieles ingresó a la Iglesia Católica de St. Margaret para mirar representaciones en español que dramatizaban la forma de eludir preguntas de la policía sobre su situación migratoria. Uno de los consejos que recibieron fue entregar a alguien un poder en caso de que sean separados de sus hijos.
En medio de las pasiones que genera la inmigración ilegal en Estados Unidos, esta clase de encuentros está llevando un tema que para muchos sigue siendo teórico a un plano visceral.
La ley de Arizona hace que residir en forma ilegal sea un delito en el estado. Obliga a la policía que detiene a personas por asuntos de rutina, como pasarse una luz roja, a revisar su estatus inmigratorio siempre y cuando tenga una "sospecha razonable" que no tienen documentos. Si no pueden probar su residencia legal, la policía los puede detener hasta que su situación se aclare.
La medida ha sido respaldada en sondeos públicos en el estado de Arizona, pero atacada por el gobierno del presidente Barack Obama y el Departamento de Justicia de EE.UU. interpuso una demanda en la que sostiene que la norma le roba la autoridad al gobierno federal sobre la materia. A menos que un juez federal emita una orden de no innovar, la ley entrará en vigor el jueves.
Ambas partes están recomendando mantenerse en calma.
"No teman ni eludan hacer cumplir la ley", dijo el sheriff del Condado de Pinal, Paul Babeu, a los subcomisarios reunidos cerca de su oficina. "Ahora que esta es la política, tenemos que hacerlo".
El mensaje desde el otro lado es parecido. "No debemos entrar en pánico", aconsejó la asesora Janette Leal al grupo de indocumentados en la iglesia de St. Margaret. "Al mismo tiempo, no podemos pretender que no pasa nada. Tenemos que planificar para lo peor".
Algunos lo están haciendo. Miles de familias de inmigrantes ilegales se han mudado a otros estados. La iglesia de St. Margaret, por ejemplo, ha perdido cerca de 20% de sus feligreses en los últimos meses. Treinta de las 120 unidades del complejo de departamentos Park Village Apartments, en Mesa, han quedado vacantes desde que el estado aprobara la ley, a fines de abril.
Muchos hispanos que son residentes legales o ciudadanos de EE.UU. no esconden su preocupación. "Esta ley abre la puerta para que personas como yo sean hostigadas", manifestó Miguel Gómez Acosta, un pastor luterano de 32 años que ha vivido en EE.UU. desde los ocho años y que se nacionalizó. "Siento la necesidad de llevar mi pasaporte estadounidense para probar mi ciudadanía".
Anna Torres, una residente de Mesa indocumentada, estaba vendiendo algunas cosas de su vivienda antes de hacer las maletas y trasladarse a Nuevo México. "He vivido aquí durante 18 años y nunca he visto nada como esto. Nos están cazando", señaló.
Los partidarios de la ley de inmigración niegan estas acusaciones. La ley "no es racista, es necesaria", dijo Kelly Townsend, presidenta del Partido del Té del área de Phoenix. "No podemos seguir financiando en nuestro estado a personas que no son ciudadanos. Ese es dinero que debería ser para balancear nuestro presupuesto".
La ley prohíbe el uso de raza, color u origen nacional como base para verificar la situación migratoria de un individuo. El video que observaron los policías repetía incesantemente que no se podía utilizar el color de la piel o el acento de una persona para justificar su arresto.
Algunos policías encontraron que la recomendación equivalía a un insulto. "Es denigrante. Todos sabemos que usar el perfil racial es un error. Aprendimos eso en el primer día en la academia", indicó el sargento Hunter Rankin. "La policía de Arizona está siendo arrastrada a una gigantesca batalla política".
Los oficiales tienen que hacer distinciones sutiles. "Sólo porque alguien no habla inglés no significa que haya que arrestarlo", les dijo a sus subordinados el sheriff Babeu. "Pueden tener una visa de estudiante o un permiso de trabajo".
Al mismo tiempo, la ley permite a la policía tomar en cuenta una combinación de factores como las dificultades de una persona para hablar inglés, si parece excesivamente nerviosa o si viaja en un vehículo lleno de pasajeros a la hora de determinar si hay una sospecha razonable de que está en el país sin documentos.
"La ley confunde a equipos enteros de abogados", dijo Frank Milstead, jefe de policía de la ciudad de Mesa. "¿Qué cree que les hace a los oficiales? Facilita el que cometan errores".
Eso es, precisamente, lo que temen los inmigrantes. En un pequeño escenario en la iglesia de St. Margaret, los feligreses protagonizaron un sketch donde muestran cómo interactuar con la policía. En una versión, una conductora detenida por la policía reconoce su condición de indocumentada. Sus hijos que viajan en los asientos traseros del auto confirman que su madre es de México. Ella es detenida y los niños se quedan llorando en forma descontrolada.
En la segunda versión, en lugar de admitir su estatus de ilegal, la conductora trata de apaciguar al policía diciéndole que había cometido una infracción y que aceptaría el parte. Los niños no responden la pregunta sobre el país de origen de su madre. El policía le da un parte y la deja ir.
La moraleja es que "no hay que mentirle al policía. Hay que razonar con él. Negociar con él", dijo Blanca Hidalgo, quien fue capacitada para encabezar la sesión. "No le den a la policía un motivo para detenerlos. Arreglen las luces traseras y los limpiaparabrisas", manifestó.
Sentado en primera fila, Ariel Domínguez, quien trabaja en el mantenimiento de una cancha de golf, resumió el sentimiento de muchos de que los que asistieron al taller de la iglesia de St. Margaret."Estamos desesperados", señaló.
¿Por qué se quedan? "Tenemos una vida acá. Tenemos buenos empleos", explicó Domínguez, cuya esposa trabaja en un restaurante de mariscos.
Un paquete de información que Hidalgo distribuye a los feligreses aconseja a las familias indocumentadas a nombrar a un ciudadano estadounidense o residente permanente de confianza para encargarse de sus hijos y sus asuntos personales en caso de que sean detenidos. El paquete incluye un formulario que otorga poder de representación de una persona menor de edad.
El dossier de Cristina y José Sánchez ya está terminado. Incluye copias de los certificados de nacimiento de sus tres hijas nacidas en EE.UU., sus números de Seguro Social y los registros de vacunación, la licencia de matrimonio de la pareja del Condado de Maricopa; sus números de identificación de contribuyente emitido por el Servicio de Rentas Internas y las declaraciones de impuestos durante varios años.
Un sobre pequeño contiene la tarjeta de negocios de su abogado. En el estado de cuenta bancaria de la pareja, la señora Sánchez escribió la contraseña para acceder a la cuenta.
"Esta es la vida que construimos aquí, poco a poco", dijo la señora Sánchez, agarrando la carpeta llena de papeles. Dos amigos que son ciudadanos estadounidenses, Karina y Michael Rodríguez, mantendrán una copia de los documentos, que nombra a los dos como responsables de sus hijos si son arrestados.
Del lado de la policía, Milstead, el jefe de policía de Mesa, dice que una de sus mayores preocupaciones es que un inmigrante indocumentado detenido por una infracción menor, en un intento desesperado por evitar el arresto, pueda "huir, luchar" o incluso "matar a un oficial de policía."
También teme que los residentes indocumentados se abstengan de denunciar delitos por temor a que puedan ser deportados, lo que compromete la seguridad de la comunidad.
Algunos oficiales se preocupan de que puedan ser demandados por discriminación racial o, alternativamente, por el supuesto incumplimiento de la ley.
Información publicada en The Wall Street Journal:
http://online.wsj.com/article/SB128009878246520781.html?mod=WSJS_inicio_LeftWhatsNews
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