Arizona: Ley anti-inmigrante nazista

En los territorios del Congreso mexicano la oposición está convencida de que Arizona no estaría golpeando a los inmigrantes –la mayoría, de origen mexicano-- con una rudeza que no se veía desde hace muchos años, si ese Gobierno estatal gringo no estuviera viendo a un Gobierno, el de México, débil e inoperante por todos los costados.
Ayer, luego de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley que el Congreso de ese Estado había pergeñado días antes contra la inmigración carente de documentos, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, intentaba salir al paso diciendo que la ley de marras, la SB1070, “afectará la relación entre Arizona y México y obligará al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”.

Espinosa incluso reforzaba: “La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración de indocumentados. La insistencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo”.

Premonitoriamente, un día antes, el jueves 22, desde la tribuna de San Lázaro el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, criticó severamente al Ejecutivo Federal por sostener relaciones con Estados Unidos en las cuales “ha pasado a segundo término, si no es que a tercero, el tema de la protección de los derechos de nuestros trabajadores”.

Y argumentaba Muñoz Ledo: “El aumento de la migración es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte”. Y remachaba: “Desde su entrada en vigor, el primero de enero de 1994, han salido 11 millones de migrantes. Se pactó la reforma del Artículo 27 Constitucional para reducir la densidad de los trabajadores agrícolas y que pudieran migrar. Con las remesas que envían los trabajadores se pagan los alimentos que compramos en Estados Unidos. Es entonces parte de la mecánica del acuerdo de libre comercio”.

Hacía tres oradores, el diputado jalisciense Enrique Ibarra Pedroza había dicho en la tribuna que en Arizona hay unos 500 mil migrantes indocumentados, de los cuales unos 450 mil son mexicanos. Y apostillaba este diputado oriundo de una de las entidades federativas que más ciudadanos tienen en Estados Unidos, Jalisco: “Esta ley (la SB 1070) es la expresión jurídica de la xenofobia de la ultra derecha norteamericana. El contenido normativo de dicha ley viola flagrantemente los derechos humanos, que en el discurso el gobierno de ese país tanto dice defender”.

Y, enfático, Ibarra Pedroza dijo desde la tribuna de San Lázaro gritó a la gobernadora Jan Brewer: “Queremos ser enfáticos, los mexicanos indocumentados que viven y trabajan en el Estado de Arizona no son delincuentes. El contenido de dicha norma es en esencia fascista, ya que establece la delación por parte de los ciudadanos norteamericanos de aquellas personas cuya situación migratoria sea irregular al mejor estilo de la Alemania nazi, la España franquista y la Italia de Mussolini”.

De Nueva Alianza, Roberto Pérez de Alva Blanco, había dicho también: “Pareciera que el apocalíptico jinete de la xenofobia vuelve a aparecer en el mundo y particularmente en esta región, con toda su crudeza”.

Laura Arizmendi, de Convergencia: “Mientras persistan actitudes que combinan peligrosamente la supremacía racial y reinvidicaciones indefendibles, además de la tibia o inexistente respuesta del Gobierno mexicano, seguiremos asistiendo a esos verdaderos asaltos a la condición humana expresados en las vejaciones que sufren nuestros paisanos allende la frontera”.

Carlos Moreno, del PVEM: “Resulta alarmante que una legislación, ya aprobada por los diputados de Arizona, permite a todo policía detener a cualquier persona por el simple hecho de parecer sospechoso de ser migrante indocumentado”.
Marcos Cruz, del PRD: “La ley atentará contra los derechos humanos y civiles de miles de mexicanos que intentan diariamente cruzar la frontera para buscar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida. Las autoridades mexicanas no pueden ser omisas a esta amenaza contra los derechos humanos y civiles de millones de compatriotas”.Por el PAN hablaba Alejandra Reynoso, quien relacionaba de plano la ley de marras con el día en una que fabricó el Parlamento alemán en los tiempos del nazismo.

“El 15 de septiembre de 1935”, decía la panista, “en Nuremberg, Alemania, el Parlamento criminaliza la migración y restringe algunos derechos humanos básicos del pueblo judío, como el matrimonio. Después restringieron sus derechos de libertad de tránsito y todos conocemos lo que este pueblo (judío) tuvo que sufrir después”.

Restallaba la diputada Reynoso: “La respuesta de la Humanidad a estas atrocidades fue un nunca más, que quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su preámbulo establece que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres”.
A esa misma Declaración Universal de los Derechos del Hombre se estuvieron refiriendo diputados el jueves y el Ejecutivo mexicano este viernes. Pero el eco de esa evocación rebotaba sin duda, con frustración, en ese muro siniestro y cínico que los gringos gustan de levantar en su relación espinosa y aciaga con México.