sacerdote Alejandro Solalinde Guerra |
Vislumbrar la posibilidad de ser asesinado, riesgo que corren quienes en México defienden derechos humanos, no arredra al director del albergue para migrantes Hermanos del Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca. “Aquí me matan, aquí me quedo. Ni muerto me sacarán del albergue”, le dijo a su obispo.
Solalinde Guerra denunció el año pasado, por ejemplo, cómo fueron secuestrados masivamente 50 indocumentados en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Previamente, 72 migrantes habían sido asesinados en Tamaulipas, lo que ocasionó protestas diplomáticas de naciones centroamericanas. Y, también, mostró otro rostro de la impunidad en nuestro país, puso en un brete al Gobierno federal mexicano y llamó la atención mundial.
Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana del Pacífico Sur de la Conferencia del Episcopado, el sacerdote ha denunciado que por el secuestro y extorsión de centro y sudamericanos, las bandas delictivas han obtenido 25 millones de dólares en el último medio año.
El religioso ha dicho con todas sus letras lo que otros también han denunciado: la Secretaría de Seguridad Pública Federal es “nefasta”. El titular de esa dependencia —y protegido del Presidente Felipe Calderón Hinojosa—, Genaro García Luna, debe responder por qué continúan los secuestros de inmigrantes que atraviesan nuestro país, agregó.
Sacerdotes, religiosos y decenas de laicos están trabajando en brindar ayuda humanitaria a quienes provienen de otras naciones y viajan rumbo a Estados Unidos durante semanas o meses, sobre todo por tren, enfrentando numerosos peligros. En Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco se encuentran albergues y casas de migrantes que, con riesgos y escasos recursos, brindan a migrantes comida, baños y un lugar para dormir.
Eso ha ocasionado amenazas a los mexicanos solidarios. Por ejemplo, el albergue Belén Posada del Migrante, ubicado en Saltillo, Coahuila, a cargo del sacerdote Pedro Pantoja, también ha sido objeto de agresiones e intimidaciones.
A pesar de eso, el religioso denunció cómo, a principios del mes pasado, cinco migrantes salvadoreños fueron secuestrados en la Central de Autobuses de Saltillo y conducidos a una casa de seguridad en Zacatecas, tras lo cual sus plagiarios exigieron un rescate que se pagó, sin que las autoridades investigaran ese delito. Simplemente, no les interesó.
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