Miles de manifestantes, en su mayoría de origen hispano, marcharon el domingo en Arizona contra la “ley antiinmigrante”, promulgada el viernes por la gobernadora de este Estado fronterizo del sudoeste de Estados Unidos.
La nueva ley, que le da a la policía la facultad de detener a una persona en función de “dudas razonables” de que se trata de un inmigrante ilegal, desató una lluvia de crítica por quienes consideran que la normativa es racista.
"Durante estos 90 días, yo y otros vamos a hacer actos de solidaridad. Por eso estamos aquí", dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez dirigiéndose en español a la multitud, en referencia al periodo de casi tres meses antes de que la ley entre en vigencia.
El activista negro Al Sharpton, por su parte, estimó que la nueva ley no es sólo un problema para los latinos. "No se equivoquen. Esto no es una pelea de minorías (...) Es una pelea por justicia y equidad para todos", sostuvo.
Sharpton aseguró que los manifestantes traerán gente de todo el país que recorrerán las calles sin documentos de identidad y se entregarán a las autoridades para ser arrestados.
La ley promulgada el viernes por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, fue rechazada por el presidente estadounidense, Barack Obama, quien calificó de “irresponsable” la iniciativa.
La “ley antiinmigrante”, como la llaman sus detractores, fue rechazada por distintos sectores de la sociedad estadounidense. La Asociación Norteamericana de Abogado de inmigración indicó que boicotearía Arizona, cancelando su convención nacional prevista para el otoño boreal.
Los representantes de la Iglesia católica en Estado Unidos también hicieron llegar sus críticas, mientras la polémica crecía del otro lado de la frontera.
El Ejecutivo mexicano hizo público su malestar a través de un comunicado. “La criminalización del fenómeno migratorio, lejos de contribuir a la cooperación y colaboración entre México y el Estado de Arizona, representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto", señala el texto.
"La Presidencia de la República reitera su absoluto compromiso con la protección de los Derechos Humanos y la dignidad de todos los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria. El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en su apoyo", agrega el comunicado.
Cerca de 460.000 inmigrantes viven de manera ilegal en el estado de Arizona, cuya desértica frontera con México se convirtió desde 1993 en el paso de mayor flujo de indocumentados, después de que Estados Unidos reforzara los controles en los también limítrofes estados de California, Texas y Nuevo México.
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