De pronto los congresos y buena parte de los jueces y magistrados descubrió esta supuesta "discriminación social" y tras siglos de respetarse el matrimonio entre un hombre y una mujer, ahora aprueban la unión legal entre personas del mismo sexo.
Obviamente prevalecen móviles políticos y electorales detrás de tales decisiones.
Así sucedió en el Distrito Federal cuando se despenalizó el aborto en abril de 2007. No existía en ese entonces un movimiento ciudadano que pugnara fuerte la medida. Si acaso algunas voces aisladas, especialmente sectores de la izquierda que enarbolaban tal causa.
Pero la política prevaleció sobre el sentimiento ciudadano y de un plumazo la asamblea legislativa capitalina decretó la medida a pesar de que por razones humanas y morales la mayoría de los mexicanos desaprueba el aborto.
Dos versiones corrieron en esos acalorados días. La primera que Andrés Manuel López Obrador se vengaba así de la Iglesia Católica, supuestamente porque le habían retirado el apoyo en las semanas previas a las elecciones de 2006.
La segunda que Marcelo Ebrard, el ambicioso gobernador capitalino, necesitaba rebasar por la izquierda a Andrés Manuel para afianzar su presencia en el perredismo capitalino.
Situación similar parece ocurrir con la serie de fallos tomados en días recientes por la Suprema Corte de Justicia en México.
En diversas acciones el máximo tribunal determinó que el matrimonio entre homosexuales no era contrario a la Constitución de México. Días después decidió que las uniones legales entre gays no sólo deben reconocerse en el Distrito Federal, sino también en el resto de los 31 estados de la República.
Y para rematar el pasado lunes validó las adopciones de niños por parte de matrimonios gays bajo el argumento de que "no vulneran los derechos de los menores y les da la opción de contar con una familia".
Por tratarse del órgano supremo de justicia en México, técnicamente estos fallos son definitivos a pesar de que a los mexicanos no nos preguntaron nuestra opinión y menos a los especialistas en temas tan delicados como es la adopción de niños.
¿Era realmente necesario que la Corte emitiera fallos tan delicados cuando en México estos temas han crispado, dividido y enfrentado a la sociedad y sus sectores?
¿Por qué la Suprema Corte mostró prudencia y cierta complacencia en el caso de la guardería ABC, pero ahora autoriza sin más ni más la adopción por parte de parejas homosexuales?
Las personas gays son respetables como cualquier mexicano y merecen todas las garantías y derechos constitucionales, pero ¿por qué abrir una puerta tan riesgosa como ésta?
¿Alguien sabe a ciencia cierta que la adopción de un niño por una pareja de homosexuales no pueda causar trastornos? La verdad es que los estudios existentes son mínimos y limitados porque se trata de un fenómeno social reciente, por lo mismo resulta una torpeza autorizar esta medida sin tener certeza de sus posibles efectos en el futuro del menor adoptado.
La Iglesia Católica, el PAN y sectores tradicionales de México reaccionaron con fuerza y no es para menos si consideramos que la sociedad mexicana no está preparada para estas medidas.
¿Pero quién tiene entonces el derecho a decidir sobre temas sociales, humanos y morales de especial importancia como es la estructura del matrimonio y la adopción de niños?
¿Son los ciudadanos quienes integran a la sociedad o son los jueces, magistrados y los gobernantes quienes pueden tomar decisiones unilaterales y con evidentes intereses electorales y partidistas?
En honor a la verdad no creemos que México esté preparado para legalizar el matrimonio gay a nivel nacional y menos para que se les autorice a adoptar menores.
Una acción coherente y sensata habría sido aplazar estos fallos para otros tiempos y no ahora cuando lo que México menos necesita es violentar a una sociedad ya de por sí crispada y escindida.
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