domingo, 13 de junio de 2010

Ni crucifijos, ni funerales de Estado. Laicismo de España




España prepara una ley para quitar crucifijos de escuelas públicas


La ley, sobre Libertad Religiosa, prevé que el Estado respete una estricta "neutralidad" en materia de religión informó este domingo el diario El País.
El gobierno socialista español ya anunció en 2008 que preparaba una ley que facilite un mayor respeto de la laicidad y el pluralismo religioso, en un país donde la Iglesia católica sigue estando muy presente y es muy influyente.
El diario de centroizquierda explica que, según la ley que prepara el gobierno, los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso.
Actualmente esos actos suelen ser organizados según el rito católico.
Se deberá respetar una "neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias y evitar toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas", explica el rotativo.
Así, los crucifijos tendrán que desaparecer de las escuelas públicas, de los hospitales y de los espacios públicos. Los ministros ya no jurarán su cargo ante un crucifijo, en las ceremonias de investidura.
Pese a que la Constitución española de 1978 garantiza el carácter aconfesional del Estado y de sus instituciones, los símbolos católicos siguen muy presentes en España, 30 años después del fin de la dictadura franquista, que erigió al catolicismo como religión de Estado.
La jerarquía católica se ha opuesto a numerosas reformas socialistas, especialmente el matrimonio homosexual y, más recientemente, la liberalización del aborto.


MADRID (AFP)

La Ley de Libertad Religiosa impedirá funerales de Estado

El borrador de la Ley de Libertad Religiosa, que maneja el Gobierno para sustituir a la de 1980, establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y solo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan, y también prohibirá los símbolos en los edificios públicos.
Estas son algunos de los aspectos regulará la futura ley, según ha publicado este domingo el diario 'El País', y cuyo texto habla primera vez de la 'laicidad del Estado'. Esta expresión sirve de título para uno de los capítulos, pero, en su desarrollo, no se define a España como un estado laico, sino que habla de la "neutralidad" de los poderes públicos ante las creencias religiosas.
 Este texto se conoce tras la reunión la semana pasada entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Papa Benedicto XVI. Tras la audiencia, el jefe del Ejecutivo anunció que el proyecto de ley no se enviará a las Cortes Generales hasta después del verano, en contra de lo previsto, ya que se esperaba para este mes de junio.
Cuatro artículos responden a las consecuencias de esta laicidad. Además de determinar como 'civiles' los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en colegios, hospitales, ministerios, o ayuntamientos, salvo aquellos edificios con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. Sí podrán exhibirlos, de acuerdo con su credo, los centros escolares y sanitarios concertados.
 En cuanto a las autoridades, el texto publicado en este diario señala que éstas tendrán sus propias limitaciones y que si acuden a actos religiosos, deberán hacerlo sin que suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación, es decir, que tendrán que acudir a actos de otras confesiones, además de la católica.
 Al igual que el nuevo reglamento de honores del Ejército español, aprobado el pasado 19 de mayo, que establece la participación voluntaria de los militares y no tendrán que rendir honores al Santísimo o la Virgen, el borrador de la Ley de Libertad Religiosa también regula este principio de voluntariedad para el resto de los funcionarios del Estado.
   Con esta norma el Ejecutivo pretende equiparar las cuatro religiones de 'notorio arraigo' en España --mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos-- con musulmanes, protestantes y judíos, que, en 1992 firmaron acuerdos con el Estado español.
 Además, el borrador establece las condiciones para que las distintas confesiones alcancen el 'status' de 'notorio arraigo', que hasta ahora lo decidía la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. De esta manera, podrán tener mayor interlocución con el Estado y obtener ventajas fiscales.




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